Hijos con discapacidad: el dilema de encontrar vacante escolar

A pesar de que es un derecho que las personas con síndrome de Down (SD) o cualquier otra discapacidad concurran a una escuela común, las peripecias que pasamos los padres para conseguir una vacante reflejan una cruda realidad: las instituciones niegan la inscripción a niños y jóvenes con discapacidad.

Hay mamás que recorrieron más de diez jardines de infantes para conseguir que a su hijo lo anoten y conozco un caso de una familia que fue rechazada de 23 escuelas porque su hija tenía SD. La situación es grave y frustrante. La mayoría de las escuelas no respeta la Ley, la Constitución ni los tratados internacionales. Muchos papás hacen recorridos interminables de institución en institución y transitan experiencias que dejan sabor amargo y perjudican no solo a nuestros hijos sino a todos.

Frente a esta práctica discriminatoria e inconstitucional me pregunto ¿por qué razón los padres decimos que nuestro hijos tiene esta alteración genética al buscar vacante en una escuela? Tengo varias respuestas pero primero quisiera reflexionar sobre esto: cuando vamos a inscribir a un hijo al jardín o la escuela tenemos que ir como cualquier otro papá porque nuestro hijo es como cualquier otro y tiene los mismos derechos. Las personas inscriben a sus hijos en escuelas que tienen la obligación de anotarlos, no importa qué condiciones tenga el niño. Luego se verá cuáles son las adaptaciones que necesita y se hará un proyecto integrador particular que se ajuste a sus necesidades. Y en todo caso, decir que nuestro hijo tiene síndrome de Down o cualquier otra discapacidad no debería ser motivo de negación de vacante.

Pero como esto en la realidad no sucede y las escuelas se niegan a la inclusión, entonces los padres nos vemos obligados a aclarar que tiene un síndrome. ¿No es esto una locura? Lo es. No deberíamos hacerlo. Todos los niños tienen el mismo derecho a ir a las escuelas comunes. Pero las familias queremos que la institución sea la mejor opción para nuestro hijo. Y si desde el vamos ya no son inclusivas entonces preferimos asegurarnos de que contemplen si están dispuestos a asumir el reto de incluir, porque si no, hay mayores posibilidades de que sea un fracaso la inclusión.

"La inclusión es un cuentito", dijo una mamá en un grupo de padres de niños con síndrome de Down refiriéndose a las escuelas que se dicen inclusivas o integradoras. Lo viví en carne propia hace muy poco. Visité y llamé a tantos jardines como pude. Llamé a un Jardín de Infantes que es conocido en la zona por considerárselo integrador:
- Hola, quisiera saber si hay vacante para sala de tres años para el año que viene. Es para mi hija.
- Sí, sí. Hay. Estamos haiendo entrevistas. Te anotamos y te llamamos. Decime el nombre de tu hija.
- Faustina.
- Fecha de nacimiento?
- 30 de abril de 2014.
- Bueno. Ya está. Vacantes hay. Te llamamos para una entrevista. Ahh, una pregunta: ¿tiene alguna discapacidad Faustina? te pregunto por las dudas.
- Sí. Tiene síndrome de Down.
- Ahh... bueno, ¿viste lo que te dije de las vacantes?: olvidate. Si tiene discapacidad hay cupos. Habría que ver si hay lugar.

Pero la inclusión educativa, aunque funcione como cuentito, no es ningún cuentito: es un derecho para las personas y un deber para las instituciones y el Estado que debe garantizarla. La existencia de cupos, que un niño aún no camine, que los docentes no están preparados o que sin maestro integrador no pueden ingresar son los argumentos más frecuentes que encontramos los padres como excusas para la exclusión.

Sin embargo, aunque la denegación de la matrícula ocurre en la práctica, las escuelas comunes, ya sean públicas o privadas, no pueden rechazar la matriculación de un alumno por motivos de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a ir a las escuelas comunes junto a alumnos sin discapacidad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la Convención Internacional sobre las personas con discapacidad, y las escuelas tienen el deber de hacer los ajustes necesarios para asegurar que casa alumno acceda a una educación de calidad.

El dilema de encontrar vacante escolar para las personas con discapacidad se vuelve una pesadilla para las familias. Denegar una vacante por motivos de discapacidad es discriminatorio y anticonstitucional, y atenta contra los derechos de todos a la educación inclusiva.

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